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Tal y como si el país hubiera vuelto a la época de los años 90, las amenazas a medios de comunicación y hacia los periodistas han vuelto a ser un tema coyuntural en Colombia.
Y es que los distintos llamados de organizaciones y medios de comunicación al parecer no han hecho eco, ya que en los últimos días se registró el asesinato de dos periodistas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Las duras amenazas hacia los comunicadores se han presentado dentro de un panorama fuerte de coyuntura política y la transición de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque, marcada por nuevos ataques, secuestros, amenazas y asesinatos a lideres sociales, campesinos, fuerza pública, defensores de derechos humanos y periodistas.
Pero ¿qué medidas se han tomado frente a estos hechos de intimidación? En las últimas horas el Gobierno nacional, la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), así como la Fiscalía General de la Nación e integrantes del gobierno de empalme del electo presidente Duque firmaron un documento con el que se comprometen a ejecutar un plan para identificar de manera efectiva y rápida a las personas que están detrás de las amenazas en contra de los periodistas en Colombia.
Según la FLIP, en lo que va corrido del año se han presentado más de 100 amenazas a periodistas y comunicadores en todo el territorio nacional. Entre ellos están periodistas y directores de grandes medios como Yolanda Ruiz, Luis Carlos Vélez, Daniel Samper Ospina, Vanessa De la Torre, Jineth Bedoya, entre otros.
Y aunque es importante resaltar que todos los actos de amenaza son igual de importantes, la brecha entra el periodismo que se hace en las ciudades capitales frente al que se hace en regiones es todavía muy marcada. Muestra de ello es el asesinato del locutor Valentín Rúa Tezada en el casco urbano del municipio de Suarez, Cauca, y el del periodista Jairo Alberto Calderón, quien se desempeñaba como director del periódico comercial 'Contacto', que circula en varios municipios del Centro y Norte del Valle del Cauca.
Emmanuel Colombié, director del despacho América Latina de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), afirmó que “es urgente protegerlos más. La justicia colombiana debe identificar y castigar a los autores de estas amenazas cuanto antes y crear una unidad especial para luchar contra los ataques en línea y en redes sociales”.
Asimismo, según Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, en el país se “incentivó atacar a los periodistas por parte de los ciudadanos. Si eso no se ataja, tendremos ciudadanos que les agrada la censura”.
