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Algunos sectores políticos del país le han pedido al Gobierno Nacional retomar la aspersión aérea para poder combatir el incremento de los cultivos ilícitos, que ya ascienden a alrededor de 200.000 hectáreas.
Sin embargo, la utilización de este mecanismo ha sido rechazada por algunos dirigentes alternativos que advierten que esta medida afecta considerablemente a los campesinos que siembran otro tipo de productos.
Ante esta dualidad, desde el Partido Liberal se está proponiendo un punto medio para poder utilizar la aspersión aérea, pero no de forma discriminada.
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El congresista Carlos Ardila presentó un proyecto de ley que propone “que el uso de la aspersión aérea de sustancias tóxicas o probablemente tóxicas se ajuste a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
Allí se afirma que la fumigación aérea deberá ser considerada por el Gobierno como última opción, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones.
“Que grupos criminales ejerzan control territorial que haga excesivamente peligrosa para la Fuerza Pública la erradicación forzada con otros métodos; cuando exista una necesidad militar o policial; cuando sea imposible usar otros métodos menos dañinos; cuando la aspersión genere una ventaja militar o policial significativa; o cuando los daños colaterales a la salud y bienes civiles sean proporcionales a la ventaja militar o policial prevista”, indica el texto.
También se establece que deberá existir una consulta previa con las comunidades aledañas a los cultivos ilícitos, que puedan resultar afectadas.
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Se propone además que el uso de la aspersión aérea con sustancias tóxicas sea autorizado primero por el Congreso de la República, a través de la aprobación de una ley en la que se especifiquen los territorios que serán objeto de fumigación.
“El Gobierno Nacional deberá enviar informes semestrales a las Comisiones Segunda y Quinta de Senado y Cámara sobre cómo avanza el proceso de aspersión. El Congreso conformará comisiones de seguimiento con congresistas de las regiones afectadas”, indica la iniciativa.
El proyecto establece que el Estado colombiano deberá responder por los daños antijurídicos, que represente la fumigación aérea con sustancias tóxicas para la ciudadanía.
