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En una carta enviada a la Alcaldía de Bogotá y a las autoridades ambientales, la Procuraduría pidió medidas urgentes para mejorar el funcionamiento del relleno sanitario Doña Juana.
El Ministerio Publico advirtió sobre los impactos sanitarios y ambientales derivados de la deficiente operación del relleno, como la disposición de residuos por fuera del área licenciada.
También habló sobre la falta de un sistema de tratamiento en la recolección y evacuación de gases del relleno “que han generado inestabilidad de la masa de residuos y su derrumbe en dos ocasiones”.
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“Incumplimientos de las normas sobre emisiones atmosféricas, calidad del aire y olores ofensivos, emitiendo sin el adecuado control, gases de efecto invernadero (causantes del calentamiento global)”, señaló el Ministerio Público, al advertir que la situación afecta la calidad del agua del río Tunjuelo que pasa por los alrededores del relleno.
Al mismo tiempo, la Procuraduría advirtió sobre posibles sanciones disciplinarias por la deficiente operación del relleno y prestación del servicio público que podría terminar en impactos al medio ambiente y a las comunidades.
Así mismo, recomendó a las autoridades definir un cronograma detallado de optimización de la Planta de Tratamiento de Lixiviados, para cumplir con los parámetros normativos de vertimientos.
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También pide adelantar actividades de alto impacto en el fomento a la reducción, recuperación, reciclaje y reutilización de los residuos y determinar el manejo que se dará a los residuos sólidos producidos en Bogotá luego del vencimiento de la licencia ambiental.
Además de desarrollar las obras y actividades requeridas en aras de alcanzar un adecuado funcionamiento del relleno sanitario.
El órgano de control compulsó copias de la comunicación a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación y advirtió que continuará con el seguimiento a la operación y ampliación del relleno sanitario.
Una copia del documento fue enviada a la superintendente Natasha Avendaño García y al director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Rodrigo Suárez Castaño.
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