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De acuerdo al informe entregado por los entes territoriales, las especies más maltratadas son los equinos con un 54%, seguida por los caninos con el 38%, los bovinos un 5%; y los felinos 3%. Sin embargo, la cantidad de casos de maltrato no se corresponde con las sanciones impuestas.
Para el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, la ley y su decreto reglamentario resultan ineficaces y obsoletas, pues a pesar del hecho de que el 70 % de los municipios cuenta con juntas defensoras de animales constituidas, esta figura se queda en el papel.
Por este motivo, el órgano de control recomendó la actualización de la ley 1774 de 2016, en concordancia con el nuevo Estatuto de Protección Animal.
De igual forma, la entidad señala que es importante incorporar -tanto en las autoridades como en los ciudadanos- una cultura de respeto y protección hacia los animales, que se den a conocer los principios de bienestar animal y que se aproveche el espacio de participación y concertación que se proporciona a través de las juntas defensoras de animales, para promover desde lo local, su divulgación.
Según el órgano de control, si bien los casos de maltrato animal se siguen presentando en un número muy alto, también ha habido una sensibilización frente al tema, que se hace evidente en las denuncias por parte de los ciudadanos, que deben encontrar receptividad en las autoridades y en el cumplimiento de la ley quinta, particularmente en las juntas defensoras de animales, instituidas para generar una cultura de respeto y protección hacia los animales.
