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Teniendo en cuenta la solicitud que hizo el Distrito de Bogotá con relación a la prórroga del término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para desmontar las barreras que impiden el ejercicio de la libertad de competencia o de entrada para la prestación del servicio de aseo en el Distrito Capital, la Procuraduría General le presentó al alcalde Enrique Peñalosa, algunas observaciones al respecto.
El órgano de control solicitó que en lo referente a las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Alcaldía informe sobre las medidas adoptadas para adecuar la prestación del servicio.
Por otra parte, el Ministerio Público manifestó su preocupación frente al hecho de que el Distrito aun no haya actualizado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en especial, cuando se insiste en los Centros de Servicios Públicos de Aprovechamiento, y que la población recicladora continúa siendo remunerada de manera individual, sin olvidar las observaciones que presentó el Ministerio de Vivienda en lo referente a la exclusividad de la actividad del aprovechamiento a la población recicladora.
En lo concerniente a los contratos suscritos con los operadores por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, afirma la Procuraduría que no es claro cuál va a ser su futuro, si se tiene en cuenta que algunos de estos plantean como condición para su terminación, la adjudicación de la licitación para contratos de concesión con ASES, sin desatender la remuneración fija establecida en los mismos.
De igual forma, el órgano de control, formuló nuevos interrogantes con respecto a qué pasará con el esquema, si al igual que los contratos está supeditado a la adjudicación de los de concesión con ASES; cómo se garantizará el acceso al relleno si el decreto exige previamente la suscripción de un contrato de acceso al relleno con el operador; y, si sólo podrán firmar convenios de facturación conjunta las empresas que hayan suscrito contratos para la prestación del servicio público de aseo con el Distrito Capital.
Finalmente, señala la Procuraduría General de la Nación que no es comprensible cómo, pese a las reuniones con el Grupo de Empalme de la nueva administración y luego de transcurridos casi seis meses del presente año, se persista en actividades que han sido cuestionadas por el Ministerio Público durante más de 48 meses, como las que en su momento fueron consignadas en el más reciente informe de seguimiento al Plan de Inclusión del Distrito.
