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El presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Carlos Ballesteros, aseguró que es necesario que se empiecen a generar subsidios para el sector educativo, ante el regreso de las clases presenciales a partir del mes de agosto en el país, de acuerdo con el decreto que emitió el Ministerio de Educación.
Ballesteros precisó que la emergencia por la propagación de la COVID-19 ha generado crisis económicas a miles de familias que hoy no cuentan con los recursos para poder seguir pagando las pensiones de los colegios donde estudian sus hijos, que se suma al temor de volverlos a enviar a las aulas de clase, por el riesgo de contagio.
"Estamos buscando encontrarnos en un punto intermedio que permita darnos cuenta de lo que puede pasar con este regreso abrupto a clases", dijo.
Agregó que todavía hay muchas dudas, como por ejemplo definir si la entrega de los elementos de protección para evitar el contagio entre los estudiantes, serán asumidas por los planteles educativos o por los padres de familia.
"Hay varios temas. No se puede obligar a un colegio de estrato 1, 2 y 3 a que se endeuden y menos teniendo en cuenta que muchos padres de familia han perdido la fuente de trabajo. ¿Cómo van a cumplir si no hay recursos?", advirtió.
En ese sentido, el representante de las Asociaciones de Padres de Familia, señaló que es necesario que el Gobierno subsidie muchas instituciones educativas en el país, para evitar que por cuenta de la pandemia, se dispare al deserción escolar. "Necesitamos un subsidio tal como se lo pedimos a la Ministra de Educación. Es realizar algo parecido en los años 90", aseguró.
De igual modo se habló por parte del presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia es necesario una reunión urgente entre esa confederación y el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio de Educación, en el que se tomen las medidas necesarias y tendientes para evitar decisiones apresuradas.
Carlos Ballesteros, fue claro y reiterativo en afirmar que no se quieren créditos educativos y que estos no serían viables ni para los padres de familia ni a las instituciones educativas del territorio colombiano.
