Personería dice que detenidos de Picota, Modelo y Buen Pastor están sin EPS

La Personería de Bogotá determinó que hay 15.193 internos de las cárceles de La Picota (8.465), La Modelo (4.883) y El Buen Pastor (1.845) que se encuentran sin atención real de salud.

De acuerdo con las quejas de los familiares de los internos, el Inpec con Fiduprevisora, escasamente cubre algunos casos de atención primaria, pero para procedimientos quirúrgicos, exámenes, medicamentos, citas con especialistas y en general tratamientos, nadie responde.

En una visita a la cárcel La Modelo, la subdirección del penal informó que no existe suministro de medicamentos para los internos, no se han dado autorizaciones para procedimientos con especialistas, no hay cirugías programadas y la Previsora no ha enviado el personal completo para brindar la atención requerida.

Ante la situación, el personero de Bogotá, Danilo Vega Arévalo, solicitó al Inpec que tome todas las medidas necesarias para que los internos tengan el servicio de salud y se eviten graves secuelas o muertes por falta de atención en salud. El ente de control a través de sus agentes de Ministerio Público desde hace varias semanas advirtió en cada uno de los centro de reclusión, la grave situación.

En teoría en Bogotá, la EPS Capital Salud asumiría la mayor parte de los internos; embargo, al parecer no se ha suscrito ningún convenio para que ésta brinde dicha atención.

Un ejemplo de esta situación es la de Luis Enrique Charry Sáenz, de 53 años de edad, con detención domiciliaria, ganó tres tutelas, todas las autorizaciones de medicina y tratamiento de Caprecom para la atención integral de la epilepsia que padece y la rehabilitación de la parálisis parcial derecha de su cuerpo, no recibe ningún servicio de salud, primero porque su EPS oficial no tenía contrato o no pagaba a ninguna IPS y ahora, porque están liquidando a Capreco

Entre tanto, la familia de Luis Enrique Charry, tiene que hacer todos los meses rifas para tratar de cubrir parte de los medicamentos que cuestan más de tres millones de pesos mensuales; un hermano suyo, en los últimos dos años, ha pagado de su bolsillo cerca de 45 millones de pesos, a costa de privar a sus hijos de la educación superior.