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Durante un debate de control político a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló una serie de irregularidades que involucran a la entidad y a sus exdirectivos, Olmedo López y Sneyder Pinilla. Según ella seis meses de investigación arrojaron tres nuevos hallazgos alarmantes, poniendo bajo escrutinio la gestión de los recursos destinados a la prevención y mitigación de desastres en La Guajira, en este caso con el tema de la construcción de jagüeyes en esta región.
Juvinao cuestionó que supuestamente el presidente Gustavo Petro no tuviera conocimiento sobre estos hechos, insinuando una posible incompetencia en su manejo. La congresista reveló que, de un presupuesto asignado de más de 74.984 millones de pesos para cinco municipios de La Guajira, gran parte fue destinada a Uribia, sin justificación técnica evidente. Esta asignación desproporcionada ha levantado sospechas sobre posibles influencias políticas en la toma de decisiones.
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En su intervención la representante señaló que: " Gestión del Riesgo asignó más de $74.984 millones de pesos a 5 municipios de La Guajira entre ellos Uribia con más de $62.600 millones, Maicao más de $4.612 millones, Riohacha cerca de $2.300 millones, Manaure $3.638 millones y Albania con más de $1.850 millones de pesos. De los jagüeyes proyectados para Uribia solo se ha ejecutado el 12% de los contratos".
Uno de los descubrimientos más impactantes según señaló Juvinao fue el desvío de fondos hacia contratos ficticios y empresas fantasma. En particular, la empresa Intraffic SAS, encargada de la interventoría de múltiples contratos, la cual ha sido calificada como una entidad sin experiencia ni actividad económica relevante. A pesar de ello, fue designada para supervisar obras millonarias, planteando serias dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación.
Por su parte el actual director de la entidad Carl0s Carrillo, señaló que, "si Olmedo López quiere colaborar con la justicia, debe decir quién le dio la plata, esa plata se la dio a un contratista”.
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El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha respondido a las acusaciones, señalando la responsabilidad de Olmedo López en los hechos. Carrillo denunció la instrumentalización política del suministro de agua, convirtiéndolo en moneda de cambio en el ámbito local. Además, cuestionó la disposición de López para colaborar con la justicia, instándolo a revelar el origen de los fondos y los posibles beneficiarios de sus acciones.
Estas revelaciones han generado un profundo malestar en la opinión pública, que exige una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de los responsables. La gestión de los recursos públicos destinados a la prevención de desastres debe ser transparente y eficiente, sin lugar para la corrupción ni el clientelismo político.
