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Con preocupación, las autoridades administrativas en el Tolima alertaron sobre la cantidad de maquinaria amarilla en la zona sur de la región que presuntamente es utilizada desde hace varias semanas en explotaciones de minería ilegal, una problemática que está desbordada y cuya afectación es incalculable.
¿Qué tipo de maquinaria está siendo utilizada en Tolima para minería ilegal?
La advertencia la realizó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien señaló que son más de 300 las retroexcavadoras que se han podido identificar en municipios que integran el sur de este departamento y que están al servicio de minería ilegal, esto sin tener en cuenta otro tipo de maquinaria que está perjudicando el medioambiente y principalmente afluentes hídricos.
"La minería ilegal debe ser hoy una prioridad, lo que antes parecía un problema ambiental se convirtió en una amenaza directa contra la seguridad y la estabilidad de las regiones. Solo en el sur del Tolima se estima el funcionamiento de más de 300 retroextravadoras ilegales que están destruyendo ríos como el Amoyá y el Saldaña, devastando cientos de hectáreas y financiando estructuras criminales", afirmó la gobernadora.
Al parecer el auge de esta actividad ilícita está asociada con la rentabilidad del oro que aparentemente para los grupos armados ilegales es más viable que la comercialización de droga en grandes cantidades, lo que denota una transformación en las fuentes de financiación.
"Encuentran en el oro una fuente tan rentable como el narcotráfico o tal vez más rentable. Municipios como Ataco ya viven las consecuencias, el deterioro ambiental, la ruptura del tejido social y la creciente inseguridad que vive el municipio", agregó la mandataria.
Fortalecer la legislación
Matiz, al realizar un diagnóstico de la situación, indicó que al nuevo Congreso de la Republica le corresponde fortalecer la legislación y también exigió controles en la comercialización del oro.
"Combatir la minería ilegal no puede limitarse a perseguir la extracción, el país debe cerrar los canales de comercialización que permiten que ese oro siga circulando y financiando el crimen. El próximo Congreso tiene la obligación de asumir ese tema como una prioridad de seguridad nacional, necesitamos un marco normativo más fuerte y mayor control sobre la comercialización del mineral", dijo la gobernadora.
En contexto
En Ataco se presenta un problema social por motivo de la minería ilegal hace más de un año. Allí se han registrado sendas acciones operativas en las últimas semanas con unidades especiales que han arribado de otros lugares del país.
Una de ellas ocurrió durante la primera quincena de este mes, en la que en zona rural de Ataco fue destruida maquinaria valorada en $2.900 millones y que generaba un recaudo de más de $15.900 millones mensuales en favor de las economías ilícitas de la estructura Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc.
Entre tanto, la segundo sucedió la semana anterior, las autoridades de la región dieron cuenta de un operativo en un complejo del que extraían cerca de 24.000 gramos de oro al mes, con un valor estimado de $10.080 millones.
