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Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, se refirió en LA FM a la anunciada iniciativa de Guillermo Botero, ministro de Defensa en el gobierno de Iván Duque, de regular la protesta social.
"La protesta social debe vivir porque la gente tiene derecho a manifestarse, pero debe manifestarse dentro de ciertos límites y con ciertos protocolos. Porque, de lo contrario, se puede desbordar. Si hay derechos, también hay obligaciones, hay deberes", señaló Gilibert, exdirector de la Policía Nacional
De acuerdo con Luis Ernesto Gilibert "la protesta social debe llevar alguna responsabilidad. Qué bueno sería sin que la policía tenga que intervenir. Es urgente, muy urgente, evitar que se salga de los cauces normales y del buen criterio".
Contrario a ello, Mauricio Archila, investigador del equipo de movimientos sociales del Cinep, señaló: "Nos llama la atención que el ministro hable de ley estatutaria cuando eso quedó congelado. Se había discutido con sectores gremiales. Curioso que el ministro entrante la reviva". También recordó que es una manifestación ciudadana legal.
Durante la cumbre Concordia de las Américas que culminó el martes anterior en el centro de convenciones Ágora, en Bogotá, el recién designado ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que el nuevo gobierno deberá promover acciones para regular las protestas sociales en el país. “Respetamos la protesta social pero también creemos que ésta debe ser ordenada y que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”, dijo.
Botero basó su tesis en un informe de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) que da cuenta de cómo la protesta social se constituyó en un recurso cada vez más utilizado. "Las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del Cinep, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019. Las principales razones de las manifestaciones son el incumplimiento de los pactos sociales (20 %), demandas sociales (18 %), petición de políticas públicas y reivindicación de derechos (14 %)", dice el informe de Fenalco.
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