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La exfiscal Lucy Laborde denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a la fiscal general Luz Adriana Camargo por presuntas presiones e irregularidades relacionadas con el proceso judicial contra Nicolás Petro, entre ellas supuestas filtraciones de información reservada, injerencia externa en decisiones de la Fiscalía y actuaciones vinculadas con el caso de la fundación Fucoso.
Según la denuncia, conocida en su totalidad por Semana, Laborde aseguró que durante el tiempo en que estuvo al frente del proceso recibió propuestas para modificar la acusación contra el hijo mayor del expresidente Gustavo Petro. Una de ellas habría planteado retirar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito para mantener únicamente el de estafa.
Laborde sostuvo que el abogado Ricardo Gaviria, quien en ese momento representaba a Nicolás Petro, le manifestó que la propuesta sería consultada con la Presidencia de la República. De acuerdo con el relato incluido en la denuncia, posteriormente habría recibido la información de que en Presidencia no había sido aprobada porque una eventual condena por lavado de activos tendría consecuencias negativas para la imagen internacional del país.
La exfiscal también relató una reunión que, según su versión, sostuvo con Luz Adriana Camargo el 5 de septiembre de 2024. En ese encuentro, Camargo presuntamente le habría sugerido modificar la calificación jurídica del proceso y retirar el delito de lavado de activos.
En la reunión también habría participado Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales, quien, según Laborde, advirtió sobre las posibles consecuencias de mantener ese delito dentro del proceso, entre ellas una eventual inclusión de Nicolás Petro en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC.
El documento presentado ante la Comisión de Acusación incorpora además información sobre el expediente relacionado con la fundación Fucoso. Laborde afirmó que durante la reunión se habló de una investigación pendiente sobre la contratación de esa organización y de la posibilidad de establecer si a través de ella habrían ingresado recursos relacionados con la campaña presidencial de 2022.
La exfiscal señaló que, al terminar el encuentro, Camargo habría encargado a la fiscal Alexandra Ladino verificar ese proceso.
Laborde aseguró que rechazó expresamente cualquier modificación de la acusación para excluir el lavado de activos. Después de esa negativa, según su denuncia, comenzaron una serie de decisiones que interpretó como represalias: su traslado a Barranquilla, la salida de investigadores vinculados al caso y las capturas de Víctor Forero y Juan Camilo López, a quienes identificó como funcionarios relevantes para la investigación contra Nicolás Petro.
Otro de los hechos denunciados está relacionado con el sistema SPOA de la Fiscalía. Laborde afirmó que el abogado Alejandro Carranza, quien posteriormente asumió la defensa de Nicolás Petro, habría tenido acceso a nuevos radicados que ella estaba abriendo contra otras personas.
Ante esa situación, ordenó una auditoría que, según su relato, permitió detectar accesos a la información por parte de funcionarios de la Policía. A partir de entonces, aseguró, tuvo que presentar algunas solicitudes de manera manual.
La exfiscal también pidió que se compulsaran copias para investigar las actuaciones de Aura Liliana Trujillo y del abogado Alejandro Carranza. En su denuncia cuestionó además la asignación de una fiscal de apoyo a su despacho, pese a que, según afirmó, ella no había solicitado ese respaldo.
Para Laborde, el conjunto de decisiones terminó afectando el desarrollo de la investigación y su propia permanencia en la Fiscalía. Su salida de la entidad ocurrió el 16 de julio de 2026, cuando su cargo fue incluido en un concurso de méritos. La exfiscal sostiene que su desvinculación se produjo pese a que, a su juicio, no se cumplían los requisitos establecidos por la propia Fiscalía para ese proceso.
La denuncia queda ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar si los hechos relatados por Laborde constituyen irregularidades y si existen elementos para establecer responsabilidades. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo escrutinio las actuaciones de la Fiscalía alrededor del proceso contra Nicolás Petro y las decisiones adoptadas durante su trámite.
