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La Contraloría de Bogotá advirtió que el IDU habría incurrido en un detrimento, luego de haber contratado sin el lleno de requisitos legales a la exdirectora de proyectos de esa entidad, Liliana Eugenia Mejía, al igual que al exasesor del despacho, William Blain Garzón - quien solo contaba con el título de bachiller académico - y devengaban grandes salarios.
En el documento de la Contraloría, se deja en claro que hay méritos suficientes para abrir una indagación por los 363 millones de pesos que se les pagaron de salario a estos dos funcionarios, que de acuerdo con la norma no cumplirían con los requisitos para ocupar esos cargos.
“Analizando la respuesta de la Entidad, se evidencia que los honorarios para el caso de los contratos de prestación de servicios y los salarios para el cargo de libre nombramiento y remoción, si constituyen daño patrimonial porque no solamente se encuentra enmarcado en la Ley 610 de 2000, sino adicionalmente se observa la presunta omisión de la Entidad”, precisó esa entidad.
En ese sentido, la Contraloría aseguró que “el daño fiscal es claro, porque así la señora Liliana Mejía haya realizado funciones, estas funciones estaban presuntamente viciadas porque no tenía los títulos obligatorios para los cargos en los cuales fue nombrada, por lo consiguiente, todos la funciones y decisiones tomadas por ella, no tenían el mínimo conocimiento para darle el fundamento de las labores realizadas”.
Finalmente, la Contraloría señaló que el IDU “previamente a la decisión de contratar y celebrar un determinado tipo contractual, debe evaluar y analizar la legalidad de la documentación recibida y que la persona por contratar cumpla a cabalidad con lo requerido en el estudio previo que justifique técnica, económica y jurídicamente la estructuración del contrato”.
