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Este jueves, Noticias RCN reveló varios documentos que demostrarían que Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y con orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), habría obtenido la residencia en Nicaragua con ayuda del Gobierno colombiano.
Entre las pruebas se encuentra una carta enviada por la Embajada de Colombia en Managua, en la que se pide al Ministerio de Migración y Extranjería del gobierno centroamericano “regularizar el estado migratorio” de González, renovándole su residencia.
Pese a estas revelaciones, el presidente Gustavo Petro negó que su Gobierno haya solicitado beneficios para González, quien fue uno de sus alfiles hasta hace unos meses.
El hoy prófugo de la justicia fue la mano derecha del mandatario cuando se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y también estuvo al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia.
“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Más temprano, Laura Sarabia, quien para el 21 de mayo, momento de la solicitud, era ministra de Relaciones Exteriores, también negó haber tenido conocimiento de estas gestiones diplomáticas.
“No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua,circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, aseguró.
Incluso, su abogada, Lima Sandoval, advirtió que denunciaría a quienes señalen a la exfuncionaria, refiriéndose específicamente al concejal Daniel Briceño, quien anunció que acudiría a la justicia para que se investiguen estas presuntas irregularidades en la Cancillería.
“Concejal, bien pueda. Inmediatamente procederé a presentar denuncia penal en su contra ante la Fiscalía por falsa denuncia. La excanciller no fue informada ni participó en dichas solicitudes; eso es competencia de los embajadores”, afirmó.
