Gobierno debe tomar "medidas urgentes" en frontera con Venezuela por explotación sexual

La Procuraduría hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los entes territoriales para adoptar medidas urgentes frente a la crisis de la frontera con Venezuela, ya que se ha detectado que un alto número de mujeres de ese país están terminando como víctimas de las redes de trata de personas.

Este llamado fue realizado por la Procuraduría a propósito del Día Mundial Contra La Trata De Personas, con el objetivo de que el Estado y la sociedad civil trabajen de manera articulada para dar respuesta efectiva a la lucha contra este flagelo.

"Una forma como el Gobierno Nacional y los entes territoriales pueden conmemorar el Día Mundial Contra la Trata de Personas, es tomando medidas urgentes frente a la crisis de la frontera con Venezuela, que ha obligado a un alto número de mujeres residentes en ese país a caer en redes de explotación sexual u otras formas de violencia en Colombia, al no encontrar una oportunidad laboral en el país", indicó la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán.

Según la procuradora delegada, detrás de este delito se esconden prácticas castigadas por la ley como "la explotación sexual, el turismo sexual, la explotación de la prostitución ajena, la mendicidad ajena, la servidumbre, el trabajo forzoso, el matrimonio servil y la esclavitud".

De acuerdo con el Ministerio del Interior, en Colombia durante el año 2015 el 86% de las víctimas fueron mujeres y el 14% hombres. De 71 casos denunciados 45 correspondieron a víctimas de explotación sexual, 6 de matrimonio servil, 1 de mendicidad ajena y 19 de trabajos forzados.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en publicación Forensis 2016, reportó 14 casos de presunta trata de personas.

Para la Procuraduría General de la Nación las cifras no reflejan la gravedad de este drama que, por su modo de operar, ha sido invisibilizado por la sociedad colombiana y el Estado, siendo su desconocimiento una de las principales barreras a la hora de formular un plan de acción pertinente que facilite la implementación de una ruta de atención integral.