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El documento sobre la llamada nueva ley del veterano podría generar polémica porque incluye un artículo que ordena al Centro Nacional de Memoria Histórica a disponer de un espacio físico en el Museo de la Memoria, para que se exalten las acciones valerosas de los veteranos militares, al tiempo que pide que Facebook y YouTube rinda homenajes a la Fuerza Pública una vez al mes. La ley busca establecer una serie de reconocimientos a través de programas del Estado y exaltación del honor de los veteranos de guerra.
Para aterrizar el tema, Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que, sin embargo, la ley establece quiénes cuentan con esa calidad de veteranos. Determina que son los exintegrantes de las Fuerzas Militares pensionados y los que han sido víctimas del conflicto en el desarrollo de la prestación de sus servicios.
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"No obstante, en esa definición se deja de lado cuáles son los componentes que deberían tenerse en cuenta para aquellos beneficios que son de políticas públicas y los que son de exaltación del honor, permitiendo que personas que han incumplido sus deberes, que han sido sancionadas disciplinariamente por violaciones grabes de los derechos humanos, puedan ser exaltados en su honor, lo cual no tiene mucho sentido", explicó ante la eventual controversia.
Por lo anterior, cree que se deben tomar cartas en el asunto pues aunque es importante reconocer el valor y entrega de los veteranos, la Corte Constitucional debería decir que "no debe existir memoria oficial, es decir el Estado no puede imponer la memoria del conflicto armado".
Además, "hay que cerrarle la puerta a los colados, ¿cómo? con la incorporación de una interpretación que permita que aquellas personas sancionadas disciplinariamente no puedan ser reconocidas y exaltas por su honor en esta ley".
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Así las cosas, dijo que la Comisión Colombiana de Juristas presentara una acción de inconstitucionalidad, pues en esto caso el control constitucional no es automático. Esta acción será "especialmente ante el deber de memoria, cerrar la puerta a los colados y en relación con algunos beneficios que están en la ley y que nos parecen desproporcionados".
Finalmente, dijo que está en riesgo la discusión de quién es el que tiene la verdad sobre lo que ocurre en el conflicto, y que, para estos efectos, el Estado "tienen los medios, las condiciones, la institucionalidad y los recursos para poder imponer esas verdad".
