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La Defensoría del Pueblo en Risaralda realizó una visita de mediación a las zonas indígenas en la zona rural del municipio de Mistrató y concluyó que más que problemas de gobernabilidad, en esta zona hay una división que viene desde hace varios años, pues hay un grupo que está inconforme con la distribución de los recursos que hace el actual gobernador.
Esta conclusión fue distinta a la que los dirigentes del Consejo Regional Indígena de Risaralda siempre han sostenido, indicando que las medidas para controlar la entrada del coronavirus a las zonas indígenas en la zona rural del municipio de Mistrató, habían sido las causas del conflicto interno que se está presentando en el Resguardo Unificado Chamí del Río San Juan.
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La defensora del Pueblo en Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, reveló que "entre las dificultades encontradas está un problema de gobernabilidad, y como segundo hay una inconformidad con la distribución presupuestal, que ellos desde la autonomía que manejan, eligen sus propias autoridades", indicó.
En diálogo con RCN Radio, dijo que "esta diferencia data desde el 2011 cuando empezaron a hacer una disidencia, yo creo que las cosas hay que ponerlas en el punto y llamarlas como son, ahí lo que hay es una división claramente, pero la verdad final es que la tensión viene desde hace ya casi diez años, que es el tiempo en que dicen no estar ni contentos ni mucho menos conformes con algunas decisiones del gobernador mayor”, sostuvo la Defensora Aranzazu.
Sin embargo, la representante del Ministerio Público aclaró que este no es el único inconveniente interno que tienen en el territorio de Mistrató, pues “además ellos tienen antecedentes de conflictos, ellos hablan que en estos casi 10 años ya ha habido muertos, han tenido amenazados, eso no tiene sentido que en un resguardo del mismo origen, es que estamos hablando que ambos son embera chamí, son la misma sangre”.
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La Defensora del Pueblo de Risaralda hizo un llamado entonces al Ministerio del Interior para que, de manera permanente, se ocupe de estos pueblos indígenas del departamento, que están en conflicto y que requieren del acompañamiento del gobierno nacional para dirimir sus diferencias, y de los gobiernos departamental y municipal para suplir sus necesidades básicas.
