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Ante el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue interpuesta por el diputado Guillermo Sánchez una denuncia penal contra la gobernación de Boyacá por la suscripción supuestamente irregular de un contrato de prestación de servicios con la fundación Servicios y Obras Sociales S.O.S.
Dicho contrato tenía como objeto la “educación de adultos y jóvenes en extra-edad del departamento de Boyacá”.
El contrato fue firmado el 21 de marzo del 2017, al parecer sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, según explicó Guillermo Sánchez.
De acuerdo con Sánchez, Pedro Llanos Corrales, representante legal de la fundación Servicios y Obras Sociales S.O.S., tendríarelación con el supuesto ‘cartel de alumnos fantasma’ que está siendo investigado por las autoridades en el municipio de Lórica, Córdoba.
Dentro de los argumentos de la denuncia se establece que la experiencia de la fundación S.O.S., no ofrecía garantías..
“Se suscribió el contrato con un operador sin experiencia e idoneidad demostrada en la administración del modelo educativo ofertado, llamado Escuela Integral. Mire lo paradójico, que la experiencia de la Fundación S.O.S en la administración del modelo era de escasos seis días, con algo sorpresivo: un acuerdo que ya conocía el número del futuro contrato”.
Guillermo Sánchez también señaló que la la Fundación S.O.S había sido investigada y sancionada por las autoridades nacionales por conductas contrarias a la normatividad legal vigente en materia laboral.
“Se conocían públicamente los antecedentes de hallazgos con incidencia fiscal y sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo, emitidos contra la Fundación S.O.S. Se tenía pleno conocimiento público también desde el año 2012, que ese operador venía siendo objeto de hallazgos fiscales por cuenta de la Contraloría General de la República, por el ‘cartel de alumnos fantasmas’ en Lorica, Córdoba”.
Adicionalmente, Sánchez cuestionó que se le hubiera otorgado un anticipo, sin contar financieramente con presupuesto en la entidad.
“Un anticipo de más de 2.000 millones de pesos cuando el patrimonio de la Fundación al momento de celebrar el contrato, era de tan solo un millón de pesos”.
En enero de 2017 el Fiscal General de la Nación la apertura de la investigación presuntas irregularidades en la contratación realizada por la Secretaría de Educación de Lorica que, al parecer, habría invertido recursos del Sistema General de Participaciones en la matrícula de 2.871 estudiantes inexistentes ,en un nuevo caso de los llamados ‘Estudiantes Fantasmas’.
Ante los cuestionamientos sobre el mencionado contratoLA FMintentó entrevistar al gobernador Carlos Andrés Amaya, su equipo indicó que por ahora el mandatario no se pronunciará.
