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Entre las compañías mencionadas se encuentra Transmilenio, las empresas productoras de asbesto, aquellas que hacen uso del mercurio y la ruptura del emisario submarino en San Andrés el pasado mes de diciembre.
A través de un comunicado, la Defensoría aseguró que “ha focalizado la promoción y protección de los derechos humanos en contextos de operaciones empresariales, haciendo un llamado a los empresarios para que incorporen estándares de derechos humanos en sus operaciones”.
La Defensoría advirtió que ha sido testigo de la privación de los derechos humanos en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, gestionado por la empresa Transmilenio.
“Hemos sido testigos del impacto y privación de los derechos humanos por diferentes acontecimientos que han puesto en riesgo la integridad y la vida de los usuarios que tienen este como único medio para llegar a sus lugares de trabajo, estudio o residencia”, puntualizó la Defensoría.
Con respecto al uso de asbesto en el país, aún cuando hay pruebas evidentes de la afectación para la salud de las personas que están en contacto con este material, la Defensoría indicó que es necesario se regule cuanto antes, debido a que el Estado aún no ha adoptado medidas en este sentido para proteger a los colombianos.
“Es por esto que la Defensoría del Pueblo apoya el proyecto de ley de prohibición de todo uso industrial del asbesto y la importación de productos con dicho material y ha hecho un llamado para que se ratifique por parte de Colombia el Convenio de Minamata sobre el Mercurio”.
Ante los diferentes hechos en los cuales la Defensoría ha detectado la vulneración de los derechos humanos, insistió en la urgencia de que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales adopten medidas contundentes en esta materia ante las empresas.
