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Un posible daño fiscal en la ciclorruta, que asciende a $3.800 millones, investiga la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
Los recursos, según explicó Javier Garcés, coordinador de Control Fiscal Contraloría Bucaramanga, corresponden a los anticipos que la Alcaldía entregó al contratista para la construcción de los 17.5 kilómetros de cicloinfraestructura, los cuales han generado rechazo por parte de las comunidades y los comerciantes de la ciudad.
El funcionario indicó que preliminarmente se registró un incumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), porque no hubo concertación y muchos menos socialización frente al proyecto.
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En este último punto coincide Darío Gómez, edil de la comuna centro, quien indicó que muchas personas han denunciado que hace varios meses fueron consultadas por personal de la Alcaldía que, en un cuestionario, preguntaban si las personas están de acuerdo con la ciclorruta.
También cuestionaban si además pensaban que ese era un buen proyecto para la ciudad, “pero nunca nos dijeron que enfrente de nuestras viviendas y establecimientos comerciales iba a quedar el proyecto con todos los perjuicios en nuestra contra”, indicó el edil.
Por su parte, el Coordinador de Control Fiscal del ente fiscalizador indicó que se detectaron hallazgos de tipo administrativo, disciplinario, penal y fiscal, es decir, falencias desde la misma concepción del contrato.
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Los trazados que se definieron, por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para la ciclorruta, estaban por fuera de lo establecido en el POT, hecho que también es investigado.
Mientras avanza la investigación por estas posibles inconsistencias, la Juez 13 Administrativa de Bucaramanga revocó parcialmente la suspensión de obra, al permitir que continúen los trabajos, sólo en la Avenida La Rosita.
Por el momento, en el resto de la ciudad, la obra está paralizada por la inconveniencia y los traumas en la movilidad que se presentan en diferentes puntos de la ciudad.
