Por crisis en Hidroituango, ANLA y EPM están en la mira de la Contraloría

En el informe de autoría a propósito de la emergencia en Hidroituango, la Contraloría general de la Nación da cuenta de una serie de debilidades y errores en el licenciamiento por parte de la ANLA y en los controles técnicos en la megaobra, responsabilidad de EPM.

A lo largo de las 442 páginas, la entidad reveló que “son bastantes las debilidades y errores encontrados por la CGR en las diferentes etapas del proceso de licenciamiento, como lo es la aprobación de la licencia por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sin estudios y diseños suficientes, detallados y actualizados para la época, que permitieron el emplazamiento del megaproyecto en zonas con alto riesgo geológico, pues por el territorio en donde se ubica es atravesado por más de 11 fallas”.

La falta de un plan de contingencia para atender una eventualidad como la que se dio a conocer desde mayo, con los deslizamientos en los túneles, fue otro de los puntos señalados en el informe de la auditoría. De igual manera se reprochó que para la atención de las personas afectadas, se tuviese que recurrir al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, “con los cuantiosos montos económicos, aún no calculados, que el Gobierno Nacional y las instancias territoriales, así como el dueño del proyecto han tenido que asumir”.

Un vez más se cuestionó el ocultamiento de información importante durante la construcción del proyecto, por parte de Empresas Públicas de Medellín. Según el documento, dichos datos no se suministraron en el momento adecuado a las autoridades competentes para tomar las medidas necesarias.

De acuerdo con el texto, “por el cúmulo de fallas en los estudios y diseños, en la línea base del EIA, en la obra civil y la ausencia de un plan de contingencia que responda a las necesidades de un proyecto de esta magnitud, el licenciatario perdió el control hidráulico del Río Cauca y se generó la situación potencial de desastre, de la cual no ha podido recuperarse la población afectada”.

La auditoría, liderada por el contralor delegado para el medio ambiente, Diego Alvarado Ortiz expone 35 hallazgos administrativos, de los cuales 8 podrían traer consecuencias penales y disciplinarias.