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La sala plena de la Corte Constitucional negó la reducción de los aportes en salud para los pensiones del 12% al 4%.
De esta manera, declaró fundadas las objeciones del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a la ley que había avalado el Congreso, en el sentido de que se estaba violando la Constitución por “establecer una exención tributaria sin el aval gubernamental”.
Al respecto, la Corte señaló que al dar vía libre a la ley, el Congreso no consultó al Ejecutivo sobre las cifras y el impacto fiscal que tendría esa medida de reducción.
El Gobierno además señalaba que se estaría discriminando a una parte de la población por el beneficio tributario para un solo un grupo de personas.
En diciembre de 2017 el proyecto regresó al Congreso y éste ratificó su decisión inicial, que buscaba reducir del 12% al 4% el aporte de salud de los pensionados.
Para la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, esto representaba un revés muy duro para la economía del país.
La ministra de Trabajo lamentó que el Gobierno no hubiese podido cumplir esa promesa y agregó que esos recursos, que en este momento no puede asumir el Estado, estarían alrededor de los tres billones de pesos.
Al respecto, la Procuraduría, a través de un concepto, había señalado que se debían buscar alternativas que beneficiaran o mejoraran la calidad de vida de las personas en especial protección.
“Tal principio se torna imperioso, si se trata de garantizar los derechos de las personas de la tercera edad”, señaló en su momento el Ministerio Público.
