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Como parte del documento de recomendaciones que este organismo entregó al Ejecutivo, está que se revise el alcance del artículo 90 de la Constitución Política que señala que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Por tanto, la Comisión propone que se reglamente, "la aplicación de la indemnización por pérdida de una oportunidad y la extensión en el tiempo del lucro cesante, así como establecer una tipología única de daños no pecuniarios o inmateriales y fijar una suma de dinero para su reparación".
Según el organismo, es clave "reformar la Ley 1695 de 2013 para que se precise que el incidente de impacto fiscal procede cuando se alteran las finanzas de la Nación o de la entidad condenada en el caso en concreto, sin importar si ésta es del orden nacional o territorial".
Por último, la Comisión considera indispensable mejorar los sistemas de información sobre la actividad litigiosa contra el Estado.
Esta recomendación se da en momentos en que se conoce que Miguel Nule, miembro del cuestionado Grupo Nule, busca demandar a la Nación por $1.5 billones, argumentando daño moral y material, debido a que supuestamente fue víctima de una persecución mediática y judicial, por lo que exige una reparación económica.
Panorama
Y es que según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los pagos acumulados hechos por el Presupuesto General de la Nación, por el rubro de sentencias y conciliaciones ascendieron a $11.2 billones 2016.
"La tendencia de dichos pagos ha sido creciente y se explica tanto por el aumento en la cantidad de procesos fallados en contra de la Nación, como por el monto de los pagos asociados a cada proceso", señala la Comisión del Gasto.
Señala además que en las cifras anteriores no se incluye el costo fiscal de las sentencias de acciones populares, de laudos arbitrales, de acciones de grupo y de acciones de tutela, porque no existe información económica fiable.
Apunta que "en razón a que los recursos del Presupuesto no son suficientes para pagar el monto total asociado a las demandas ejecutoriadas, y debido a que de acuerdo con la normatividad, la tasa de interés de mora aplicable es elevada, la deuda acumulada de sentencias y conciliaciones que no se ha cancelado supera los $3 billones".
Esta comisión le hizo llegar hace ya algunas semanas este documento con recomendaciones generales sobre temas sensibles que pueden llevar a aliviar el tren de gastos del Estado.
