La FM en Google News
En los últimos días, se ha generado una gran polémica por la solicitud del Gobierno Nacional a la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura de 20 personas, entre quienes está Javier Alonso Veloza García, más conocido con el alias de 'Jhon Mechas' que estaría detrás del explosivo en un CAI de Ciudad Bolívar que dejó dos niños muertos.
Le puede interesar: Asesinan a madre e hijo luego de una riña en cancha de tejo
De hecho, la Presidencia de la República había indicado que Veloza García, debía ser reconocido como representante del 'Estado Mayor Central' de las Farc con el fin de que hiciera parte de los acercamientos exploratorios que buscan llegar a una paz total.
A pesar de esta explicación del Gobierno, el fiscal Francisco Barbosa no ha generado respuesta a dicha petición, ya que tendría que evaluar la decisión, que en este caso implica a alias 'Jhon Mechas', al ser jefe la disidencia del frente 33 de las Farc.
Asimismo, se habla de que Javier Alonso repartió 7.000 millones de pesos y otros 2.000 millones para atentar contra el ministro de Defensa, que en su momento era Diego Molano.
De igual manera, se estableció que él estaría implicado en la explosión en un CAI de Ciudad Bolívar que causó la muerte de los menores de edad, Daniel Steven Duque e Ivanna Salomé Rangel.
También puede leer: TransMilenio usó estrategia del colegio para encontrar celular robado: bajó todos los pasajeros
Por lo ocurrido con este personaje en Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, trinó en su cuenta de Twitter que, "John Mechas, de las FARC, asesinó a Salomé y a Daniel, y pretendía matar a muchos más con dos atentados terroristas con bombas en Ciudad Bolívar el año pasado en Bogotá. En vez de justicia le ofrecen Impunidad. No más impunidad que solo reproduce y recicla violencia criminal!", escribió López este miércoles".
A esta opinión de López se unió el expresidente Álvaro Uribe, quien mencionó que no se debe levantar la orden de captura para establecer diálogos a razón de la paz total. Lo cierto es que, la decisión final la debe tomar la Fiscalía.
