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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el viernes a Colombia proteger a integrantes del pueblo indígena Siona en el selvático departamento del Putumayo, cuya superviviencia consideró en peligro por el acoso de actores armados.
La CIDH, ente autónomo de la OEA, otorgó medidas cautelares en favor de autoridades y miembros de los resguardos indígenas Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco), tras "múltiples eventos de riesgo" ocurridos recientemente en esa región amazónica del sur de Colombia, indicó en un comunicado.
El pueblo Siona se encuentra en "proceso inminente de exterminio", indicaron los solicitantes de estas medidas.
La CIDH dijo que fue informada de amenazas, intimidaciones, ocupaciones ilegales de hogares, enfrentamientos armados, limitaciones del libre desplazamiento y la obtención de bienes de supervivencia, así como de la realización de actividades ancestrales.
También dio cuenta de testimonios de la presencia de minas antipersonales y otros artefactos explosivos en la zona, así como del reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de "estructuras armadas".
Según la Comisión, esta situación podría poner al pueblo Siona en una "especial situación de riesgo", con actos de violencia "que podrían llevar a desarticular al colectivo".
En consecuencia, urgió al Estado colombiano a "salvaguardar la vida e integridad personal" de los residentes de esas dos reservas indígenas del Putumayo, un departamento fronterizo con Ecuador.
Indígenas de Colombia denunciaron en mayo a la CIDH el incremento de agresiones que sufren por parte de actores armados tras la firma en 2016 del acuerdo de paz con la entonces guerrilla Farc.
Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, entre 2016 y 2017 se registraron más de 18.000 hechos de violencia contra poblaciones originarias de Colombia, incluidos 67 homicidios y 11.455 casos de desplazamiento forzado por parte de diferentes grupos.
Colombia vive un conflicto armado desde los años 1960 ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, militares, fuerzas estatales y narcotraficantes, con unos ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos suscribió en noviembre de 2016 un histórico pacto que desarmó y transformó en partido político a las Farc, y busca cerrar un acuerdo similar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Poco más de 1.800 personas se autodenominaron pertenecientes al pueblo Siona según cifras del censo de 2005, que consignó que 89% de ellos viven en los resguardos de Buenavista y Santa Cruz de Piñuna Blanco dedicados a actividades agrícolas.
