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Una fiscalía especializada impartió instrucciones a peritos de policía judicial y ordenó practicar diez declaraciones juramentadas, dentro de la investigación que se sigue para esclarecer los hechos que rodearon el caso del abuso sexual contra una menor indígena de 15 años en el departamento del Guaviare, que al parecer vincula a miembros del Ejército Nacional.
El ente acusador ordenó tomar una ampliación de declaración a la joven perteneciente a la comunidad indígena nukak maku, víctima de este caso, sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2019.
De igual forma, se ordenó recolectar la declaración de los soldados presuntamente implicados y de otros miembros del Ejército Nacional cuya información podría contribuir a determinar posibles responsabilidades penales.
Esta investigación penal está siendo coordinada una vez se denunciaron los hechos por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare, quien además emitió una solicitud especial al Instituto Nacional de Medicina Legal para que practique un examen psicológico a la menor que resultado víctima en este caso.
Asimismo, se preparan nuevas inspecciones judiciales con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de elementos materiales de prueba para impulsar las indagaciones.
Según las denuncias, los hechos habrían ocurrido en septiembre del año pasado en la vereda Charras del municipio de San José de Guaviare cuando un hombre, al parecer miembro del Ejército, “se la llevó a la base militar” y la habría mantenido allí retenida “desde el 8 al 13 de septiembre de 2019 cuando la menor pudo escapar”.
De acuerdo con las primeras versiones recolectadas, al parecer la menor fue abusada sexualmente durante esos días, por al menos dos señalados miembros del Ejército.
El propio Ejército Nacional confirmó que los presuntos responsables de este hecho pertenecen al grupo del Batallón de Infantería N. 19 general Joaquín París, donde, según la información oficial, se inició la indagación disciplinaria "tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido".
El Ejército señaló además que a inicios del 2020 esta indagación disciplinaria fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare, que "en ejercicio del poder preferente, fue solicitada encontrándose en trámite de entrega el proceso por la Unidad".
Este caso que vincula militares se conoció pocos días después de revelarse el otro grave hecho de abuso sexual a una niña de la comunidad indígena Embera Chamí por parte de siete soldados pertenecientes al batallón de Pereira, en Risaralda.
Este grupo de soldados se allanaron a los cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y se podrían enfrentar a una condena de hasta 30 años de prisión.
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