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Jefes de las estructuras criminales del Valle de Aburrá informaron este martes desde la cárcel de Itagüí, que el proceso denominado de 'paz urbana' entrará en una fase avanzada que consiste en el desescalamiento del conflicto armado en esta zona, que hace parte de la ciudad de Medellín.
El pronunciamiento se da en una clara respuesta a la decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que este mismo día derogó la resolución que ordenaba la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura de cabecillas de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá.
En su decisión, la Fiscalía advirtió que la revocatoria de la suspensión de las órdenes de captura contra 16 cabecillas de bandas criminales de Antioquia se debe a que el Gobierno omitió información relevante, como que estaban detenidos en cárceles.
La noticia fue destacada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien en entrevista con La FM había señalado los alcances de la nueva resolución que iimplicaba que los jefes criminales continuarán privados de la libertad, bajo medidas judiciales mientras cumplen sus condenas.
No obstante, el mandatario advirtió que todavía existían otros siete casos que debían ser revisados por la Fiscalía General de la Nación.
Particularmente, se refirió al caso de alias el Montañero, de quien dijo tiene “orden de captura suspendida” y otra vigente.
Para el alcalde Federico Gutiérrez, 'el Montañero' "es un tipo muy peligroso de la estructura”, con presuntos vínculos con narcotráfico internacional.
Los ejes del 'desescalamiento' de la criminalidad
Horas después de este anuncio de la Fiscalía, representantes de la denominada 'mesa de paz urbana' señalaron que la negociación con el Gobierno entraba en una fase avanzada que promete un impacto directo en la seguridad ciudadana de los municipios del Valle de Aburrá.
Según la información revelada, este 'avance' contemplaba el levantamiento de las órdenes de captura de siete cabecillas de estructuras locales, quienes ahora forman parte activa de la mesa de diálogo.
El objetivo principal de esta nueva etapa, según se informó, es lograr un desescalamiento real de la violencia. Entre los puntos más críticos que se esperan resolver en el corto plazo se encuentran:
· Eliminación de fronteras invisibles: Un paso fundamental para devolver la libre movilidad a los ciudadanos en las comunas.
· Reducción del homicidio: Mediante compromisos verificables por parte de las estructuras involucradas.
· Reparación y no repetición: El proceso incluye un reconocimiento explícito a las víctimas y la promesa de no reincidir en actos violentos.
Jorge Mejía, vocero de la mesa de Paz del Valle de Aburrá, explicó el alcance de este momento histórico:
“En esta etapa avanzamos decididamente en la deliberación del acuerdo condicionado de paz urbana, el cual recoge todas las dimensiones y temas que han sido prioridad para el gobierno nacional en la política de paz total y los elementos sustanciales de la conversación centro jurídica con las estructuras”, señaló.
La suspensión y la demanda ante Consejo de Estado
Hace algunos días, el pasado 31 de marzo, la Fiscalía había suspendido por seis meses las órdenes de captura contra 23 personas que son reconocidas por el Gobierno como voceros de los grupos armados del Valle de Aburrá, con los que el Ejecutivo negocia su sometimiento a la justicia.
La Fiscalía había señalado en un comunicado que "las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses y buscan que los referidos voceros participen en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan".
Sin embargo, este martes la propia Fiscalía derogó parcialmente esa resolución, tras establecer que 16 de los 23 implicados estaban en centros penitenciarios.
En la víspera, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, demandó ante el Consejo de Estado esa resolución 0072 de la Fiscalía General de la Nación que otorgaba la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá.
El mandatario departamental cuestionó la medida, que calificó como una “autopista de impunidad”, al considerar que favorecía directamente a jefes de organizaciones delincuenciales.
“Liberan a criminales y afectan a jueces, fiscales, policías y soldados que han arriesgado su vida por capturarlos”, expresó.
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