La FM en Google News
Luego de varias inspecciones previas a los detalles de la operación del bus de la empresa CootransEspeciales del Oriente que se accidentó en Ecuador y dejó como saldo 23 personas muertas, autoridades de transporte en el país determinaron que operaba de forma ilegal.
La Superintendencia de Puertos y Transporte abrió investigación preliminar contra la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, por la presunta prestación de un servicio de transporte no autorizado y por "no contar con los documentos necesarios para la prestación del servicio de transporte internacional".
La Supertransporte aseguró que sus funcionarios se desplazaron hasta Cúcuta "solicitando todos los documentos necesarios para iniciar la indagación preliminar", así como los resultados de la última revisión realizada en Centro de Diagnóstico Automotor al vehículo de placas USA251 y la tarjeta de operación expedida el 2 de diciembre de 2017 para verificar su validez.
"La entidad de control estableció que se presentaron inconsistencias y falsedades en el contrato de transporte suscrito para dicho viaje. La licencia de uno de los conductores no aparece en los registros del Runt. El vehículo presuntamente no portaba permisos de transporte internacional", dijo la entidad.
Según reveló el superintendente Javier Jaramillo, "el representante legal de la empresa registrado en Cámara de Comercio resultó ser diferente al firmante en el contrato de transporte que portaba el vehículo en el momento del accidente".
Por su parte, el Ministerio de Transporte señaló que el automotor no portaba los documentos exigidos para la prestación del servicio de transporte internacional (habilitación de transportista internacional y documento único de turismo), los cuales son expedidos por esa entidad.
Este medio tuvo acceso al extracto de contrato con el que se pactó el viaje en este bus, el cual fue realizado entre Gino de Jesús Moreno Pradilla, quien aparece como representante legal de Cootransespeciales del Oriente, y Claudia Ximena Orozco, para la ruta Neiva - Pitalito - Mocoa - Villa Garzón - La Hormiga - San Miguel - Ecuador - Lago Agrio y viceversa, por un valor de 9 millones de pesos.
La Supertransporte señaló que luego del análisis de la información a través de su Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (CEMAT), se pudo establecer que el vehículo es modelo 2005, marca Mercedes Benz, con Soat expedido el primero de febrero de 2018 y revisión técnico mecánica realizada el 2 de febrero de 2018 en Centro de Diagnóstico Automotor de Jamundí.
Según el contrato de prestación de servicios al que tuvo acceso RCN Radio, dicho documento está suscrito entre Gino de Jesús Moreno Pradilla, quien aparece como representante legal de la empresa en dicho documento, y Claudia Ximena Orozco Córdoba, persona que contrató el viaje.
El contrato fue hecho por un valor de 9 millones de pesos (50% al iniciar el recorrido y el 50% restante al terminar) y con la siguiente ruta: Neiva - Pitalito - Mocoa - Villa Garzón - La Hormiga - San Miguel - Ecuador - Lago Agrio y viceversa.
Según reveló el Superintendente Javier Jaramillo, "el representante legal de la empresa, registrado en Cámara de Comercio, resultó ser diferente al firmante en el contrato de transporte que portaba el vehículo en el momento del accidente".
E indicó que "el directivo de esta empresa certificó que ese documento no fue expedido por él y señaló que quien firmó fue un exgerente de la empresa", lo cual demuestra el fraude en la documentación que portaba el vehículo.
A través del Centro de Monitoreo de Actividades de Transporte (CEMAT), se pudo establecer que el vehículo es modelo 2005, marca Mercedes Benz, con Soat expedido el primero de febrero de 2018 y revisión técnico mecánica realizada el 2 de febrero de 2018 en Centro de Diagnóstico Automotor de Jamundí.
Aún no se ha podido establecer si el vehículo portaba los documentos exigidos para la prestación del servicio de transporte internacional (habilitación de transportista internacional y documento único de turismo), los cuales son expedidos por el Ministerio de Transporte; dichos documentos, presuntamente, no aparecen registrados en dicha entidad gubernamental.
