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Una nueva polémica se registró recientemente por el manejo de las empresas de servicios públicos en Santa Marta, donde hay una dura pugna.
La génesis de esta controversia tiene que ver con que una vez fue elegido Gustavo Petro, en Santa Marta muchos esperaban que fuera levantada la intervención que el gobierno de Iván Duque había impartido en contra de Essmar, la empresa de los servicios públicos en Santa Marta.
Para muchos, entre ellos el mismo gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, era un hecho que se levantaría la medida.
Aun así, no ha pasado nada y siguen esperando la decisión de parte de la Superintendencia de Servicio Públicos. Por eso, la administración se le ha mantenido a EPM. Algunos han interpretado que ese manejo se le mantuvo a la gente de Daniel Quintero.
Además, la recolección de basuras en Santa Marta sigue en manos de Atesa, una compañía relacionada con William Vélez, un reconocido empresario de ese sector.
A propósito de la polémica, el pasado martes fue radicada una acción popular para que se resuelva el tema. Patricia Caicedo, líder ambiental de la región y quien es la hermana de Carlos Caicedo, presentó la acción popular a la espera de que se resuelva el tema.
“ATESA en complicidad de ESSMAR dirigida por EPM han llevado al fracaso el sistema de contenerización de basuras de Santa Marta, atentando contra los derechos de los samarios a la salud pública, la seguridad y gozar de un ambiente sano. Por lo que se hace necesaria una acción popular para defender a la ciudadanía del abuso”, dijo Patricia Caicedo sobre lo que sucede en Santa Marta.
ATESA, Essmar, dirigida por EPM, según Caicedo, atenta contra la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos.
“De los 533 contenedores instalados en Santa Marta todos registran problemas o están inoperativos”, recalcó.
Y añadió: “Hoy Santa Marta tiene prácticamente rellenos sanitarios a cielo abierto por toda la ciudad, dejando evidencia que el modelo de recolección de residuos de Atesa, fracasó. Esperamos que las autoridades atiendan el llamado de la ciudadanía, los derechos no se negocian”.
Ahora se espera que se resuelva la acción popular frente al futuro del manejo de las basuras en Santa Marta.
