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El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, informó que los grupos armados ilegales y las organizaciones delincuenciales están reclutando a menores de edad colombianos y venezolanos e identificó los departamentos en los que existe el mayor riesgo.
De las 105 alertas que entre el 2018 y lo corrido del presente año se han emitido, en 63 casos se visualizaron escenarios de riesgo para los niños, niñas y adolescentes.
Los casos en los que la Defensoría ha emitido las alertas involucran a 94 municipios de 23 departamentos del país sin embargo, las regiones en las que existe mayor vulnerabilidad son: Antioquia, Nariño, Chocó, Meta, Bolívar, Tolima, Córdoba, Cundinamarca, Valle del Cauca, Córdoba, Casanare y Putumayo.
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Según el organismo los inmigrantes venezolanos por su condición de vulnerabilidad están en riesgo de caer en estos grupos al margen de la ley; identificó también que en las zonas donde hay mayor presencia de estas comunidades, pueden presentarse estos casos.
El Defensor pidió además que, el Estado garantice la protección de los niños que se retiraron de los grupos armados y que se les brinde la atención requerida; también que, a los menores venezolanos se les reconozcan las condiciones especiales, en las que se encuentran.
“Además de la crítica situación que vivieron, los menores de edad que se desvinculan de los grupos ilegales tienen más problemas porque la respuesta del Estado ha sido la de negarles su condición de víctimas y los judicializan penalmente. O se han dado casos en los que las condiciones para su protección no cumplen con los mínimos estándares que permitan la real protección de su vida e integridad personal”, según señalan algunos apartes del pronunciamiento del organismo.
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Entretanto, la Defensoría insistió en la necesidad de que se implementen las medidas para reducir los factores de riesgo entre la población infantil del país; la falta de garantías en la atención en salud, educación, identidad y apoyo familiar además, de mecanismos que permitan el disfrute del tiempo libre entre otros aspectos, son determinantes en la lucha por evitar que los menores sean reclutados.
