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La juez 34 de garantías de Bogotá, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a María Eugenia Bedoya Chávez, representante de la Defensoría del Pueblo Regional Putumayo e investigada por presunta corrupción.
Señalada bajo los delitos de estafa agravada, falsedad ideológica, y fraude en el registro de víctimas, las denuncias contra Bedoya Chávez, obedecen a presuntos cobros en dinero que realizaba a través de la oficina de la Defensora Regional de Mocoa, a cambio de adelantar trámites ante la Unidad Nacional de Víctimas.
En desarrollo de la audiencia, María Eugenia Bedoya Chávez no aceptó los delitos señalados por la Fiscalía, y pese a que se legalizó su captura la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por la peligrosidad que representa Bedoya Chávez para el proceso penal y para las víctimas.
En razón a que demás de los cobros, la Fiscalía afirma que en alguna resoluciones presentadas por la regional se Putumayo ante la Unidad de Víctimas, habrían sido alteradas con hechos falsos para lograr el pago de subsidios a los presuntos afectados por la violencia en el marco del conflicto armado.
Varios testigos de lo ocurrido, han sido escuchados por la Fiscalía en Mocoa, a fin de establecer el valor y la cantidad de transacciones realizadas por la funcionaria ante la Unidad de Víctimas.
