El magistrado José Roberto Herrera dijo que la comisión designó tres culpables institucionales de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, en primer lugar la Guerrilla del M-19, en segundo lugar la fuerza pública y en tercer lugar el Gobierno.
Explicó que el movimiento guerrillero fue quien inició la toma a sangre y fuego, pero a su vez hubo una respuesta violenta por parte de las autoridades y luego omisión del Gobierno ante la magnitud de los hechos.
“Tenemos una prueba muy directa de la entrega de 2 millones de dólares de parte de Pablo Escobar a Iván Marino Ospina para la toma del Palacio, además, hay manifestaciones que narcotraficantes proporcionaron armas al M-19 para la toma”.
El magistrado Herrera precisó, además, que el Gobierno y muchos estamentos oficiales de la época tenían conocimiento de lo que iba a ocurrir, pero aún así, según indicó el jurista, cuando se presentó la toma no se tomaron las medidas pertinentes para detener la acción.
Pese a que existe una contradicción con la posición de la Fiscalía, respecto a que la operación sólo recibió apoyo financiero del Frente Sandinista, el magistrado Herrera indicó que la comisión tiene un profundo respeto por las tesis del ente investigador.
Sin embargo, reiteró que la comisión pudo establecer que la toma del Palacio de Justicia tuvo varias fuentes de financiación, entre ellas el narcotráfico.
La Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia está integrada por tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia: Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara y Nilson Pinilla Pinilla.
Fue creada con la finalidad de construir la memoria histórica y aportar a la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad colombiana.