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A través de un circular conjunta, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry, la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y el Auditor General de la República, Iván Darío Gómez Lee, advirtieron sobre el incremento de la deuda pública de departamentos y municipios a través de las mal llamadas vigencias futuras, indicaron que esta situación pone en riesgo la estabilidad financiera del país e impartieron directrices para enfrentar esta problemática.
En la circular, dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Secretarios de Hacienda de las entidades territoriales, contralores departamentales, municipales y distritales, dejaron claro que “Las operaciones de crédito aprobadas bajo la forma de vigencias futuras, deberán ser derogadas por las respectivas asambleas departamentales o concejos municipales”.
Según el ministro de Hacienda, la Contralora, el Procurador y el Auditor, las autorizaciones que los gobernadores y alcaldes han venido solicitando a las respectivas asambleas departamentales y concejos municipales, de lo que impropiamente han denominado vigencias futuras, no encuentran sustento jurídico en el artículo 1 del Decreto 3624 de 2004, como quiera que no existen proyectos específicos ni procesos contractuales en curso.
“Las mal llamadas vigencias futuras tampoco pueden ser autorizadas en las normas y estatutos orgánicos de las entidades territoriales, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 345, 352 y 364 constitucionales y en los artículos 10, 11 y 12 de la ley 819 de 2003”, precisaron.
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