Ardila tiene otro proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, pues de acuerdo con las autoridades, el ex mandatario no pudo explicar un incremento patrimonial de al menos 1.575 millones de pesos entre el 2003 y el 2004.

 

El cargo por extorsión, por el cual ya fue llamado a juicio, le fue impuesto cuando la Fiscalía General de la Nación consideró que uso su poder para presionar a un grupo de humildes areneros y pescadores del municipio de Ricaurte, Cundinamarca, para que vendieran unos terrenos en los que las empresas de su familia tenían intereses.