Los ex funcionarios que deberán responder por las presuntas conductas irregulares son Enrique Alberto Ariza Rivas, ex director general de Inteligencia; Jorge Armando Rubiano Pérez en su condición de detective y coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3; Giancarlo Auqué de Silvestri, ex Secretario General; Martha Inés Leal Llanos, ex subdirectora de Operaciones; Teresa Guzmán Cortés, ex coordinadora de Recursos Tecnológicos y José Antonio García Linares, ex jefe de la Subdirección de Desarrollo Tecnológico. 

 

El órgano de control busca establecer si los funcionarios incurrieron en violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política y la ley, como el derecho a la intimidad al acceder a correspondencia y otras formas de comunicación sin contar con previa autorización de autoridad judicial. 

 

De acuerdo con las pruebas recaudadas, los ex directivos pudieron incurrir en extralimitación de funciones, al haber permitido, unos, y participado otros, en labores de vigilancia, seguimiento e interceptación de comunicaciones a diversas ONGs, periodistas y activistas políticos.