LA F.m. conoció escandalosas irregularidades en el programa de protección de testigos de la Fiscalía que se vienen cometiendo desde 2009.

 

Hay desde denuncias de abuso sexual contra testigos y sus familiares, hasta despilfarros y cobro de comisiones o coimas a los protegidos. Las irregularidades no han sido cometidas solo por funcionarios o exfuncionarios, también por los testigos.

 

Este año la misma Fiscalía ha detectado irregularidades en 94 casos y ha excluido a 183 personas del programa. Más de 24 funcionarios y exfuncionarios de la Fiscalía hacen parte del cartel que se enquisto en el programa de protección de testigos de la Fiscalía.

 

El actual director del programa Jorge Rojas Pinzón tomó las riendas de las investigaciones y generó el revolcón que hoy tiene en la mira de los estrados judiciales a los protagonistas de este escándalo que fue rumor de pasillo durante mucho tiempo en el bunker.

 

Los exdirectores Carlos Villamil, quien fue declarado insubsistente y Harold Padilla, anterior director, también tendrán que dar explicaciones a los investigadores sobre porque permitieron las irregularidades en el programa.

 

El caso del abuso sexual

 
Hace un año, una mujer decidió entregarle a la Fiscalía una información confidencial sobre las actividades de algunos desmovilizados del llamado bloque norte de las Autodefensas. Su información tenía que ver con datos precisos, como nombres, alias, lugares de residencia y sitios que frecuentaban algunos desmovilizados que terminaron conformando un grupo de extorsionistas y "piratas" terrestres que actuaba en distintas zonas de la costa atlántica.

 

La mujer, a cambio de la información sobre las actividades ilegales de este grupo de hombres, pidió protección para ella y para dos de sus hijos, entre ellos, una niña de  12 años.   

 
Después de que los investigadores verificaron la información, que resultó ser cierta y sirvió para desarticular la banda, la mujer y su familia, ingresaron al programa de protección a víctimas de la Fiscalía y la ubicaron, con todas las medidas de seguridad,  en una vivienda en Barranquilla.

 

Un funcionario de la oficina de protección se hizo cargo de la seguridad de la familia y visitaba a diario la casa donde vivían. Con el pasar de los días, se fue ganando la confianza de la madre, hasta el punto que en algunas oportunidades cuando ella tenía que salir, la mujer le recomendaba a sus hijos.

 
Una tarde, cuando la mujer regresó de cumplir unas diligencias judiciales encontró a su pequeña hija llorando y escondida en el baño. Ante la insistencia de la madre, la niña terminó contándole que el hombre de la Fiscalía, que estaba a cargo de cuidarlas, había abusado sexualmente de ella.
 
Según el relato de la menor, el hombre, cuando no estaba la madre, le llevaba algunos regalos y paquetes de comida, como helados y postres y la molestaba, "como pidiéndole besos". También dijo, que el hombre la amenazaba y le decía que no podía contar nada porque él era la autoridad, y si él quería las podía "echar a la calle" y su familia tendría que pedir limosna en las calles.
 
Ante esta delicada revelación, la mujer se puso en contacto directamente con la dirección del programa de protección en Bogotá, y realizaron el traslado de ella y sus dos hijos a la capital.
 
Una vez en Bogotá, la niña fue llevada al Instituto Nacional de Medicina Legal donde confirmaron el abuso sexual.  La mujer denunció al funcionario y con base en su testimonio y los dictámenes médicos, la Fiscalía inició una investigación contra el funcionario, quien podría ser capturado en los próximos días.
 
La Fiscalía también investiga otras cinco denuncias contra miembros del programa,  que habrían cometido conductas similares. 

 

Terminaron siendo "parejas"

 
Los investigadores de la propia Fiscalía encontraron que varios de los funcionarios del programa terminaron teniendo relaciones sentimentales con algunas de sus protegidas.

 

Uno de los casos que tienen documentado las autoridades, es el de una mujer en Medellín que estaba en el programa de protección junto con su esposo. Después de varios meses la mujer abandonó a su esposo y se salió del programa. Cuando fueron a investigar qué había ocurrido, descubrieron que estaba viviendo con el funcionario que estaba a cargo de su protección. 
 
Por lo menos otros 8 casos similares, según fuentes de la fiscalía, ocurrieron en Bogotá y Cali.      

 

La comisión del 10 por ciento

 
Uno de los episodios más escandalosos que ha descubierto la Fiscalía de lo que venía ocurriendo en el programa de protección, tiene que ver con unos cobros ilegales que venían haciendo los funcionarios a sus protegidos.
 
Según la investigación, mensualmente el programa les daba en efectivo a cada funcionario, la cuota a que tenía derecho sus protegidos, pero cuando se las iban a entregar, muchos de ellos se quedaban con el 10 por ciento del valor.
 
LA F.m. habló con uno de los miembros del programa y  contó lo siguiente: "cada mes nos llegaban con  la plata, la contábamos y cuando íbamos a firmar nos aparecía una cifra diferente, por ejemplo,  a mi me correspondía un millón y medio, pero me faltaban 150 mil pesos. Entonces pregunte qué porque la diferencia, y el detective me dijo que era una especie de comisión del 10 por ciento, que él se quedaba con eso por gastos y demás".
 
Además el testigo aseguró, que su caso no era aislado, porque tuvo la oportunidad de hablar con otros protegidos y le contaron que eso era en todo el país, y que era prácticamente una obligación el descuento del 10 por ciento, porque sino los pagos no llegarían cumplidos y además, los reportes de disciplina y buen comportamiento, no serían los mejores y podrían sacarlos del programa.
 
"Entonces no había de otra, nos tocaba firmar los papeles de recibido, aunque la plata no fuera completa, para evitar problemas,  y tocaba quedarnos callados, porque uno tiene que comer, pagar gastos y entonces uno se siente maniatado y sujeto a lo que ellos decían", dice el testigo.

 

Las amenazas y extorsiones

En algunos casos, el abuso por parte de cierto grupo de funcionarios del programa llegó hasta al punto que le pedían plata prestada a sus protegidos. Esto lo hacían el mismo día en que les entregaban la mensualidad, aprovechando que tenían en sus manos el dinero y no tendrían excusas para decir que estaban sin plata. 

 

En las manos de los fiscales hay por lo menos cinco denuncias de esta clase. Una de ellas, implica a dos funcionarios a quienes el protegido les prestó parte de su mensualidad durante cuatro meses. Ya cansado de esta situación optó por exigir su dinero a los funcionarios, pero la única respuesta que obtuvo, es que ellos no tenían dinero para pagarle.
 
Ante  la insistencia del cobro, el hombre empezó a recibir llamadas amenazantes por parte de los funcionarios que le aseguraban que si quería "seguir tranquilo y sin problemas" lo mejor era que se olvidara de esa plata.
 
Otros testigos denunciaron que a sus protegidos los obligaban prácticamente a conseguir "dinero extra",  para que les hojecieran "módicos prestamos "  a sus protectores para que garantizaran no solamente su seguridad sino también la de sus familiares.

 

Se acabaron los hoteles

 
Ante la cantidad de denuncias que llegaron a manos de la dirección del programa de protección,  en lo que tenía que ver con el pago de hoteles donde hospedaban a familiares de protegidos en las principales ciudades del país, la Fiscalía abrió un capítulo aparte para investigar estos hechos, donde se calcula que se cometieron irregularidades en los últimos años por más de 4 mil millones de pesos.
 
Los casos más sonados, tienen que ver con alquiler de habitaciones sencillas, pero con sobrecostos hasta del 300 por ciento. Por ejemplo, uno de los casos sucedió con una familia de protegidos en Cali, donde aparecen hospedados en tres habitaciones por cuatro semanas en un hotel de la ciudad. Sin embargo, los investigadores descubrieron que la familia la alojaron tan solo por dos noches y en una sola habitación.
 
Otras irregularidades señalan que los funcionarios de la Fiscalía utilizaban los hoteles para llevar a sus compañeras sentimentales o para hospedar  algunos familiares, y pasaban las cuentas como si se trataran de protegidos, adulterando los papeles oficiales.
 
De acuerdo con las denuncias, casos como estos aparecen registrados en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Barranquilla.
 
Pero las denuncias no son solamente de los protegidos. Actualmente la Fiscalía afronta una millonaria demanda que interpuso el propietario de un reconocido hotel que tenía convenios con la Fiscalía por el no pago de jugosas cuentas.
 
La Fiscalía descubrió que algunos funcionarios, aprovechándose de su cargo, y de que ya eran conocidos en el sitio, lo utilizaban repetidas veces para hacer eventos, fiestas y quedarse allí con sus familiares. Terminaban diciendo al administrador del hotel, que las facturas las cargaran a la Fiscalía, pero cuando llegaban los cobros, eran rechazados porque los soportes no ajustaban. 
 
Por estos hechos, la Fiscalía acabó los contratos de alquiler de hoteles para sus protegidos, hoy en día ya ninguno se queda en un hotel, para esto la Fiscalía armó un programa de arrendamiento para tener casas y apartamentos en distintas ciudades del país.    

 

Los protegidos también cometen irregularidades 

 

Pero las denuncias de irregularidades en el programa de protección no solo tienen que ver con algunos funcionarios, sino también con conductas ilegales de los protegidos.
 
Como parte del compromiso con las personas que ingresan al programa, la Fiscalía les entrega una casa u apartamento, dependiendo de la cantidad de familiares que acompañan al testigo. La vivienda es entregada completamente amoblada; una cama doble con dos mesitas de noche, un televisor, una nevera, una licuadora, una lavadora, juego de losa y cubiertos, tendidos para las camas, entre otros.
 
En lo que va corrido de este año, la Fiscalía ha descubierto 17 casos, en los cuales los protegidos se desparecen con todos los enceres de la casa y no dejan ningún rastro, es decir, se vuelan y se roban todo.

 

Protegidos cobran a sus familiares

 
Para ingresar al programa de protección a testigos, las autoridades hacen un minucioso estudio para acoger a las personas y brindarles protección a quien será el testigo de las investigaciones y su núcleo familias, que en algunos casos, puede llegar a tener hasta 12 personas. Sin embargo, los pagos mensuales para manutención, llegan a manos solamente del testigo principal para que los reparta a su familia.

 

Precisamente, la Fiscalía cuenta con denuncias, que señalan que los principales testigos también cobran una especie de cuota a sus propios familiares bajo el pretexto de mantenerlos a su lado y que sigan recibiendo los beneficios del programa.  Si no están de acuerdo, simplemente, dicen los testigos, los reportan para que los saquen del programa.
 
 
También empeñan lavadoras y neveras

En otros casos, cuando los investigadores pasan a diario a revisar las condiciones de los protegidos y las viviendas, encuentran que algunos electrodomésticos no están. Averiguando por ellos, los protegidos terminan reconociendo que lo dejaron en casas de cambio, es decir, los empeñaron. La mayoría de artículos que hoy están en casas de prendería son las neveras, los televisores y las lavadoras. Para la Fiscalía, se convirtió en un problema legal para poder recuperar estos bienes que son del Estado.
 
En otros casos, la Fiscalía descubrió que por ejemplo en Bogotá, más de 10 casos de protegidos que aprovechándose de los recibos de Codensa de las viviendas donde están, sacan a crédito electrodomésticos de todo tipo, incluidos equipos de sonido, minicomponentes, computadores, juegos electrónicos, dejando las millonarias deudas a la Fiscalía.
 
Algo similar ocurría con las cuentas de teléfono, donde se aprovechaban para obtener hasta llamadas a líneas calientes y a distintos sitios, con cuentas para la Fiscalía hasta por un millón y medio de pesos.
 
 
Otro caso preocupante tiene que ver con el manejo de los servicios públicos, por ejemplo la Fiscalía recibió una llamada del Acueducto por el exagerado consumo de agua de una de las viviendas. Cuando fue a revisar  se dio cuenta que el protegido durante todo el día y la noche dejaba abiertas las llaves para que se gastara el agua, y cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo que para eso el Gobierno tenía plata.
 
Los fiscales también han quedado sorprendidos por las condiciones en que quedan las viviendas de los programas. Cuando los protegidos se enteran, por ejemplo que van a perder los beneficios, optan por destruir pisos, lavamanos, inodoros y hasta dejan inservibles los electrodomésticos.
 
Las dotaciones de cada vivienda oscilan entre 3 y cinco millones de pesos.

Por estos hechos, en lo que va de este año la Fiscalía ha detectado irregularidades en 94 casos y ha excluido a 183 personas del programa. En lo que tiene que ver con las irregularidades por parte de funcionarios del programa, la Fiscalía tiene en investigación a por lo menos 24 funcionarios y exfuncionarios, e indaga manejos irregularidades por un monto que supera los 10 mil millones de pesos.
 
Actualmente el programa tiene incorporadas 1.589 personas en cerca de 500 sedes en todo el país.