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El contralor Auxiliar Víctor Armela aseguró en LA F.m. que duda de la autenticidad de los documentos mencionados por el concejal Antonio Sanguino, quien denunció sobrecostos en el alquiler de sede de la Contraloría de Bogotá, y aclaró que el arrendamientos se efectúo de acuerdo con las condiciones del mercado de la época. Por su parte, Sanguino ratificó sus denuncias sobre dicha irregularidad.
Armela dijo que la Contraloría no conoce los documentos mencionados por el concejal Sanguino y afirmó que de ser auténticos lo único que podrían demostrar es una serie de diferencias de orden comercial.
El concejal de Bogotá, Antonio Sanguino, confirmó al existencia de documentos que demuestran las irregularidades en el alquiler del oficio donde actualmente funcional la Contraloría de Bogotá, que estaría relacionada con el pago de 110 millones de pesos mensuales de un contrato de arrendamiento a 10 meses.
Dijo el arriendo del edificio se hizo ajustado a lo que reglamenta Asolonjas y a las condiciones de mercado del momento.
Y manifestó que las pruebas mencionadas por el cabildante no son documentos públicos y no hacen parte de la oferta presentada, en su momento, a la Contraloría.
“Son documentos entre particulares que lo que denotan es un dificultad por orden de las comisiones, que normalmente cobran las inmobiliarias, pero nada tiene que con la Contraloría”, indicó.
Según Sanguino, el pago mensual de 230 millones de pesos no corresponde con el avalúo del predio ni con los cánones pactados con anterioridad.
La Contraloría Distrital entrará a explicar si habría incurrido en sobrecostos totales superiores a mil 500 millones de pesos.
"Quien está haciendo esa transacción es precisamente el organismo al que los bogotanos le encomendamos cuidar los recursos de todos los ciudadanos", advirtió.
Aunque el convenio por medio del cual se dio vía libre al contrato de arrendamiento fue firmado por un contralor auxiliar. El ordenador del gasto del organismo de control es directamente el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi.
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