La FM en Google News
La Corte Suprema de Justicia está a la espera de que el Gobierno le informe oficialmente sobre la recaptura de la excongresista Aida Merlano en Venezuela, para definir cuál de sus salas debe solicitar su extradición.
El lío está en que no tienen claro si esa petición debe hacerla la sala de primera instancia que la condenó a 15 años por corrupción, o la sala de casación penal que tiene que revisar en segunda instancia esa condena.
Pero las demoras en la extradición de Merlano a Colombia irían más allá y tendrían que ver con el rompimiento de las relaciones internacionales con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Lea: Aida Merlano habría intentado sobornar a los policías venezolanos
El procurador Fernando Carrillo dijo que el Gobierno debería acudir a la cooperación judicial internacional y no quedarse con la petición de extradición al gobierno interino de Juan Guaidó.
“No basta únicamente en solicitarle al gobierno del presidente Guaidó, sino solicitarle a Venezuela que extradite a la señora porque es un delito de corrupción política (...) Lo que debe hacer el Gobierno es agotar todas las instancias internacionales y no únicamente una solicitud con las limitaciones que tiene el gobierno del presidente Guaidó”.
"No existen contactos de carácter diplomático, ni canales de comunicación” con el gobierno del presidente Maduro, dijo Carrillo, y señaló que “la comunidad internacional debería actuar bajo los protocolos de los delitos internacionales de corrupción”.
Merlano fue condenada en primera instancia a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción de electoral.
En la Corte Suprema avanza una segunda investigación en su contra por haber violado los topes electorales para su campaña al Senado de la República 2018-2022.
Lo que dice la investigación es que Merlano no podía sobrepasar los 884 millones de pesos permitidos por la autoridad electoral, pero según lo que investiga la Corte, los gastos de la condenada habrían rodeado los mil o seis mil millones de pesos.
El proceso se desprende del hallanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde las autoridades encontraron armas, material electoral y alrededor de 261.441 millones de pesos.
Como pruebas existen cerca de 4.000 documentos encontrados en esa sede y 33 paquetes de operaciones donde hay talonarios de consignaciones, que al parecer habrían sido usados para financiar su campaña política.
