Minjusticia dice que en su despacho no se radicaron reparos a Jurisdicción Especial para la Paz
Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia, habló con LA F.m. luego del pronunciamientos del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la sala penal de la Corte Suprema.
Escuche aquí a Jorge Eduardo Londoño, ministro de Justicia
Danilo Rojas, presidente del Consejo de Estado: hace dos meses llamamos la atención, que coincide con lo dicho por el fiscal y la Corte
Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista: en los diálogos se hizo una justicia paralela que parece una rueda suelta
Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia: Rama Jurisdiccional no había sido consultada y esperaban que fueran a Cartagena
La Corte
Tras una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la sala de casación penal entregaron un documento al primer mandatario con las propuestas para lo que sería la conformación de la Jurisdicción Especial de Paz, con el fin de superar la crisis generada por cuenta de los espulgados del plebiscito.
El presidente de la sala, Gustavo Malo, señaló que respaldan la JEP en su misma concepción de justicia especial transitoria, por lo que en el documento expuesto al Presidente se entregaron unos lineamientos de los que deberá ser el Tribunal Especial de Paz.
Entre las propuestas más importantes del alto tribunal está la revisión de los procesos penales en donde haya cosa juzgada al entrar en vigencia la justicia trancisional, lo anterior sin perjuicio de la JEP en virtud de lo que persigue, pueda modificar las sanciones ya impuestas en estos procesos.
Sería de su competencia la resolución de los conflictos que se generen entre las jurisdicciones ordinarias y militar con la Jurisdiccion Especial de Paz y que definirá los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento de la JEP.
El alto tribunal además le sugirió al presidente Santos el perfil que deberían tener los magistrados que integren el nuevo tribunal especial. Para la Corte, a los togados que deberán ser seleccionados por un comité acordado por las partes, se les deberá reconocer plena autonomía e independencia. Los elegidos tendrán que ser colombianos de nacimiento y quedar sometidos al control disciplinario penal y fiscal previsto por los funcionarios de la jurisdicción ordinaria.
Finalmente, la Corte le propuso al presidente Santos un tiempo de cinco años de duración para la Jurisdicción Especial de Paz prorrogables y estipular como competencia del comité de selección de magistrados la designación del secretario ejecutivo de la JEP.
La Fiscalía
Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, lanzó fuertes reparos a los primeros acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. Es la primera vez que el jefe del ente acusador se pronuncia criticando los acuerdos, especialmente sobre la incertidumbre jurídica en la que se encuentran los mismos en su contenido. Martínez advirtió que no hay herramientas claras para la justicia para afrontar el posconflicto y sobre los procesos penales de los actores de la violencia en el país.
Una de las dudas que tiene el fiscal gira en torno a la posibilidad de que se genere una 'tutelitis' sobre las decisiones que se adopten en contra de miembros las Farc por la justicia especial para la paz, situación que no se descarta pues no está esa figura de la tutela dentro de los acuerdos.
Otra observación tiene que ver con la cosa juzgada, en la que advirtió sobre el riesgo de que se revivan procesos judiciales en contra de actores del conflicto, quienes ya han recibido sanciones penales.
El fiscal exigió al Gobierno Nacional que sean escuchados los sectores judiciales del país para resolver la incertidumbre por la que atraviesan esos acuerdos; llamado que según el propio Martínez fue atendido por el presidente Juan Manuel Santos, quien los escuchará cuando se pulan algunos puntos de los acuerdos.
Por último, indicó que es de vital importancia que se garantice la integridad de los miembros de las Farc ante la incertidumbre jurídica en la que quedaron, a partir de la imposibilidad de implementar los acuerdos de paz.
