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Este sábado la atención se centraba, por un lado, en el discreto trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para conseguir los restos de los dos reporteros y el chofer asesinados cuando estaban en poder de guerrilleros disidentes de las FARC.
Y por el otro, en el poderío militar de los dos gobiernos para llegar hasta los culpables del asesinato, que según coinciden sería obra de un grupo armado no tan numeroso que se financia del narcotráfico y que se apartó del proceso de paz de la guerrilla FARC en Colombia.
Todavía es incierto el lugar donde están los cadáveres, si están en manos de los captores o si fueron dejados en algún punto de la zona limítrofe donde los hombres al mando de Walter Artízala, alias Guacho, secuestraron a los periodistas el 26 de marzo pasado.
El jefe del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, se anticipó a pedir comprensión sobre la "naturaleza confidencial de gran parte de la información".
Sin embargo, tras 20 días de sufrimiento, los países confían en traer cuanto antes un poco de alivio a los familiares, que aún no hacen público ningún pronunciamiento después de que el presidente Lenín Moreno confirmó el viernes el asesinato de los tres secuestrados.
El periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) fueron al parecer ejecutados a balazos mientras estaban encadenados, según unas fotografías que hicieron llegar los captores a un medio de prensa colombiano.
Nunca antes Ecuador había enfrentado un crimen de estas características, lo que prácticamente rompió en pedazos su idea de ser una nación en paz en medio de la violencia y el narcotráfico que han golpeado por décadas a Colombia.
"Hasta que se haga justicia"
El caso ha desatado una condena internacional y cuestionamientos a los dos gobiernos, que ofrecieron información a cuentagotas o contradictoria, por ejemplo, sobre el paradero de los rehenes.
En su editorial de este sábado, El Comercio pide a los gobiernos de Ecuador y Colombia "todas las explicaciones" de lo ocurrido desde que los tres ecuatorianos fueron secuestrados cuando realizaban un reportaje sobre violencia en la frontera.
Apenas confirmó la muerte de los rehenes, Moreno lanzó una ofensiva militar para detener a los responsables en un esfuerzo común con Colombia.
"Le hemos prestado todo el apoyo y colaboración desde el primer momento, y se los seguiremos prestando hasta que se capturen a los responsables y se haga justicia", señaló el presidente Juan Manuel Santos en el marco de la Cumbre de las Américas, que se clausura este sábado en Lima.
Las autoridades acusan a Guacho del triple asesinato que golpeó a la prensa de Ecuador, por lo que en conjunto ofrecen una recompensa de 230.000 dólares para lograr su captura.
Este hombre de no más de 35 años, que lidera el frente disidente de las FARC Oliver Sinisterra, opera con entre 70 y 80 hombres en los límites de Nariño y la provincia costera de Esmeraldas, puntos estratégicos en la ruta del Pacífico para transportar cocaína a Estados Unidos a través de Centroamérica.
En medio de las acciones coordinadas, las Fuerzas Armadas ecuatorianas indicaron que en la zona de Mataje, donde fueron secuestrados los periodistas, arrestaron a nueve "sospechosos" e incautaron armas y municiones.
"Del lado colombiano (...) lanzamos operaciones desde Tumaco y Cali, y así mantendremos ese despliegue coordinadamente con Ecuador a través de helicópteros, de aviones, de personal de Ejército, que permitan no solamente un control de la frontera sino dar con los responsables", manifestó el ministro colombiano de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Villegas y jefes de la fuerza pública de Colombia se reunieron el viernes con Moreno en Quito para diseñar una estrategia común en la empobrecida, porosa y selvática frontera común.
"La población pide generalmente presencia de la mano dura, militar y policial, cuando en muchos casos no sea lo más correcto (...) pero la población funciona con un sentido de venganza cuando lo que se necesita es justicia", dijo a la AFP el experto en seguridad Fernando Carrión.
El catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) añadió que una política militar contra las drogas puede desatar una gran pérdida de vidas humanas, secuestros y extrema violencia como sucedió en México durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Con información de AFP
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