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MinHacienda: acciones de Fiscalía por Panamá Papers son fundamentales contra la evasión

Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda / Foto de Colprensa

Según señaló el alto funcionario en su cuenta de Twitter, “las medidas adoptadas por la Fiscalía son un paso fundamental en la lucha contra la evasión”.

Al tiempo que indicó que, “estas decisiones demuestran que quienes se inflan costos con facturas de empresas de papel del exterior deberán responder penalmente”.

Acciones

Un juez de Bogotá legalizó la captura de cinco de los 20 implicados en este escándalo de los papeles de Panamá.

Francisco Navarrete Riveros, uno de los abogados defensores, aseguró que “se legalizaron los seguimientos y las órdenes de captura. Nosotros como defensa dejamos alguna constancia respecto a la desproporcionalidad y de la necesidad de esa orden de captura porque los clientes nuestros se estuvieron presentando siempre que la Fiscalía los citó”.

Los capturados son el ecuatoriano Juan Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co; Luz Mary Guerrero Hernández, accionista y representante legal de las empresas Efectivo Ltda y Circulante S.A; Jorge Humberto Sánchez Amado, revisor fiscal de Efectivo Lyda y Circulante S.A y Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A.

Estas personas tendrán que responder en imputación de cargos por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos, concierto para delinquir, estafa y administración desleal, entre otros delitos.

En los juzgados de Paloquemo, en Bogotá, se llevarán a cabo las audiencias de imputación de cargos y se decidirá si se otorga o no medida de aseguramiento contra los implicados en este caso.

Este escándalo de los papeles de Panamá fue develado por la prensa internacional el 3 de abril del 2016 y el 9 de mayo de ese mismo año fue publicada la lista con la totalidad de implicados en el escándalo.

En Colombia, los giros que se habrían manejado por cuenta de estas irregularidades para evadir impuestos superan los 1.3 billones de pesos.