Judicatura: Gobierno debe precisar si recursos de la rama judicial irán a la JEP

Durante una audiencia pública que se adelantó en el Congreso de la República sobre el proyecto de acto legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, y que fue citado por el congresista del Centro Democrático, Samuel Hoyos, el proyecto de ley -que esta ad portas de ser discutido por la plenaria de la Cámara de Representantes- recibió varias críticas.

Uno de esos reparos que ya se suman a los hechos por el fiscal general de la Nación durante el primer debate de este proyecto, fueron los que realizó la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López, quien indicó que el Gobierno debe ser claro frente a los fondos que se usarán para la creación de este nuevo tribunal, pues según ella, la redacción del actual texto no deja claro de dónde saldrán esos fondos.

López indicó que "el Gobierno debe aclarar si esta JEP va a hacer parte de la jurisdicción ordinaria y si va a ingresar a los recursos de la rama judicial. Por lo tanto, hay que precisar cuál es la capacidad de funcionamiento de la JEP y, obviamente, que no afecte el presupuesto de la rama judicial, que de por sí este año es muy bajo".

Así mismo, la presidenta de la judicatura aseguró que se debe reformar la comisión nacional de disciplina, pues serán los encargados de hacer supervisión a los fallos que emita dicho tribunal: "se tiene que fortalecer ahora teniendo en cuenta que también va a ser la disciplina para esta jurisdicción".

Por su parte, Rodrigo Uprinmy advirtió sobre las falencias que, según él, tiene esta jurisdicción en lo concerniente a la justicia para los agentes del Estado.

Uprinmy manifestó que la Justicia Especial para la Paz debe tener una regulación compatible con la internacional, para garantizar la seguridad jurídica de los militares cobijados; de no ser, así se convierte en un "regalo envenenado" para la Fuerza Pública.

"Si queremos darle seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública que pasan a través de esta jurisdicción, con posibilidades de quedar inmunes a la persecución penal o que el sistema sea cuestionado ante entidades internacionales, se debe equiparar a esas normas de carácter internacional", aseguró.

El constitucionalista agregó que "si se va a permitir que aquí en Colombia, en ciertos casos, los altos mandos no respondan penalmente por algunas conductas, esas personas pasarán a la Corte Penal Internacional; se debe establecer una regulación de la responsabilidad de los altos mandos a las leyes internacionales, para evitar que miembros de los altos mandos militares y miembros de la fuerza pública tengan que comparecer ante cortes internacionales".

El congresista Samuel Hoyos aseguró que hay muchas preocupaciones ante la creación de este tipo de justicia porque, según él, las Farc han recibido concesiones que no tienen las victimas, incluyendo beneficios adicionales.

Hoyos indicó que los reincidentes de crímenes, tras pasar por la justicia especial de paz, deben ser excluidos de los beneficios que otorgara esta jurisdicción.