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Procuraduría evalúa investigar a Musa Besaile por su condición de prófugo

Mientras tanto, su abogado Julián Quintana radicó ante la Corte una solicitud de nulidad del proceso en su contra argumentando violación al debido proceso y al derecho a la defensa, al considerar que “la Corte no tuvo en cuenta 13 pruebas que solicitó la defensa”.

“Se ha desconocido el principio de investigación integral. Se han recopilado pruebas que inculpan, omitiendo practicar a las que favorecen al investigado. La prueba contra el senador se fundamenta en la declaración del abogado Alejandro Lyons que no tiene valor probatorio por tal motivo no puede ser la base de un proceso judicial”, señala el documento del abogado.

El senador Besaile sostiene que no cometió delito alguno y al contrario fue víctima de extorsión por parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno.

La Corte Suprema profirió orden de captura en su contra el pasado 25 de septiembre con fines de indagatoria por los delitos de cohecho y peculado.

Cabe anotar que la Fiscalía General de la Nación intensificó los operativos para capturar al senador Musa Besaile. Para ese fin solicitó a la Interpol emitir circular azul para ubicar al congresista.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, indicó que para incrementar las labores judiciales el CTI coordina actividades adicionales con agentes de Policía Nacional y de Migración Colombia.

Asimismo, sostuvo que, por el momento, Migración Colombia dejó en claro que no existe registro de que el congresista Musa Besaile, prófugo de la justicia desde el pasado 25 de septiembre, haya salido del país y tampoco se han presentado contactos en el sentido de que pretenda entregarse a las autoridades.

“Solicitamos a los funcionarios de Interpol, por conducto del director del CTI, convenir los mecanismos para que sea objeto de una circular en este momento”, dijo el fiscal Martínez.

La orden de captura contra el senador Musa Besaile fue emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo requiere para que responda en indagatoria por los delitos de peculado y cohecho,tras haber admitido que pago 2.000 millones de pesos para frenar una orden de captura en su contradentro de una investigación por parapolítica.